Un retorno «administrado» a la actividad judicial

La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas demanda la adopción de protocolos de trabajo en la Justicia Nacional que consideramos indispensables para reiniciar algunas de actividades suspendidas y cuyo desarrollo de ningún modo significa romper las medidas generales del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que todos entendemos necesarias en la contención del Covid-19.

El servicio de Justicia es un derecho irrenunciable de las personas. Su parálisis prácticamente completa (salvo algunas situaciones de emergencia que hasta ahora han sido evaluadas con criterios restrictivos) ha  desbordado –incluso- los requerimientos nacidos por la necesidad sanitaria. Ahora, las sucesivas decisiones de extensión del aislamiento (y de la feria dispuesta en su consecuencia) nos obligan, en este estado, a repensar en alternativas que permitan la ejecución de actos procesales que no requieren la concurrencia de la partes a los tribunales.

Juzgamos primordial resguardar la actividad de las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial y su integridad psicofísica, y descontamos que las herramientas digitales con las que se cuentan no están en condiciones de aplicarse, masivamente y de inmediato, en forma remota. Ahora, nada de ello impide que los juzgados se aboquen, con las prevenciones del caso, por ejemplo, al dictado de sentencias atrasadas, al llamado de autos para alegar (que en algunos juzgados llevan más de un año de demora) o –también- medidas propias de  la etapa de ejecución de los expedientes ya iniciados, o a la.interposiciom, contestación y recursos ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Trabajadores despedidos y accidentados que llevan años de retraso en la determinación de sus derechos requieren una respuesta.

Para esta clase de medidas, acotadas pero a la vez trascendentes para los ciudadanos –y especialmente para los trabajadores y las trabajadoras-, sólo se exigen la disposición de un limitado grupo de funcionarios y trabajadores con desempeño a distancia y trabajando con los expedientes en papel. En ese sentido, la emergencia alumbrada en el Covid-19 es una oportunidad para morigerar los enormes atrasos que verifican miles de expedientes.

Del mismo modo, si en la emergencia aun proliferan los despidos y las suspensiones, debe preverse la posibilidad de que las abogadas y abogados puedan brindar debidamente la asistencia a los trabajadores afectados producto de la crisis, lo que requiere su habilitación para asistir a sus estudios.

La emergencia, a la vez, dejó en evidencia la necesidad de haber avanzado, en tiempos de normalidad, con medidas profundas en pos de la digitalización del proceso judicial mediante un diseño que suprima -y no que duplique- las presentaciones en papel, tantas veces reclamada desde esta asociación.

Asimismo le reclamamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la disposición del fondo anticíclico que administra desde 2008, presuntamente para utilizar frente a situaciones como la que atravesamos, a los fines de promover reformas profundas en la modalidad de trabajo de todos los operadores del sistema y que, naturalmente, deben ser acompañadas por financiamiento.

Los miles de expedientes paralizados comprenden la realización de derechos humanos y sociales afectados y, de los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes se encuentran en una situación más precaria frente a esta coyuntura.

El sistema de Justicia debería acompañar esta etapa no solo desde el “aislamiento” –su medida primaria- sino además con la ejecución de todos los actos que está en condiciones de dictar sin violar ninguna de las estrategias públicas de contención sanitaria.